Las empresas deberán informar del registro de salarios a petición de los trabajadores

Las empresas deberán informar del registro de salarios a petición de los trabajadores G. Velarde MADRID. Los otros dos elementos que regulará el decreto de igualdad en el ámbito laboral aprobado por el Gobierno son la transparencia salarial y el impulso a planes de igualdad dentro de las compañías. Así, se establece un nuevo marco jurídico a raíz de la reforma del estatuto de los trabajadores “para reforzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, sin discriminación, y el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, en línea con lo establecido en la Recomendación de 7 de marzo de 2014 de la Comisión Europea”, explicaba la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Se introduce así en nuestro ordenamiento el concepto de trabajo de igual valor, por el cual “cuando la naturaleza de las funciones o tareas encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes”. El decreto establece que la empresa llevará un registro con los valores de los salarios desglosado por sexo y rango profesional, al que podrán acceder los empleados a Será obligatoria una estrategia de igualdad en las companías con más de 50 empleados través de su representación sindical o delegado de personal. Por otro lado, también se establece un plazo de tres años para que las empresas de más de 50 trabajadores elaboren y apliquen un plan de Igualdad, dos años para las de 100 a 150 y un año para las de 150 a 250. Hasta ahora solo era obligatorio para empresas con más de 250 trabajadores. Por otro lado, las compañías están obligadas a inscribir dicho plan en el Registro de planes de igualdad de las empresas. “Los empresarios no comparten que se utilice, para tratar la Igualdad laboral, un Real Decreto-Ley, cuya aprobación va a recaer en la Diputación Permanente del Congreso, sin que se haya contado con la participación que la Constitución otorga a los empresarios en proyectos de su competencia”, expresó la patronal CEOE en un comunicado, criticando que “no se ha dado el tiempo suficiente en las mesas de dialogo social para articular un texto consensuado.