El Consejo de Ministros aprobó el 13 de octubre dos reglamentos que desarrollan las principales herramientas para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. El texto sobre igualdad salarial especifica que, para cumplir con el principio de transparencia, todas las empresas deben contar con un registro salarial, mientras que detalla cómo han de ser las auditorías retributivas –de obligado cumplimiento para los compañías de más de 50 trabajadores– y el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional.
El texto establece además los criterios por los que garantizar “igual retribución por trabajo de igual valor”, vía contra la discriminación indirecta. Los dos textos normativos –que debían haber estado listos en septiembre del 2019– son fruto del acuerdo sellado en verano entre el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT. Las patronales CEOE y Cepyme se desmarcaron
El registro recogerá a empleados y directivos
El reglamento sobre igualdad salarial entra en vigor en seis meses y precisa que todas “las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, “incluido el personal directivo y los altos cargos”. Este registro, deberá incluir “los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo”. Y serán accesibles tanto para los representantes de los trabajadores como para los empleados (cuando no cuenten con un comité de empresa).
Sobre las auditorías salariales, establecidas por ley en el 2019, fija un plazo para realizarlas, en función del tamaño. Las empresas de más de 150 trabajadores, que ya han de contar con un plan de igualdad, deben adaptar su auditoría en seis meses, mientras que las de entre 149 a 100 empleados han de comenzar a acometerla antes del próximo marzo y los negocios de 99 a 50, antes de marzo del 2022. La auditoría salarial debe estar incluida en los planes de igualdad, ya que aporta un diagnóstico de la situación retributiva en la empresa y ha de ir acompañada posteriormente de un plan de actuación para corregir posibles desigualdades en el salario de hombres y mujeres
La entrada en vigor de este real decreto se producirá dentro de tres meses. Según el reglamento, las empresas deberán tener “negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su plan de igualdad en el plazo máximo de un año”
